La “Munitáestafa” es la investigación de un presunto caso de estafa por parte de un concejal colorado a un empresario brasileño que quería la “exclusiva” para explotar un parque de diversiones en la famosa Laguna de Itá, durante las fiestas patronales de la ciudad. La trama se complica al escuchar audios de conversaciones entre el interesado y el “secretario gestor” actualmente prófugo de la Justicia.
En las grabaciones se delinea como la burocracia planta árboles de problemas para vender “facilidades” como frutos de gestiones y distribuir de porciones de distintos tamaños y colores, en una Intendencia liberal con una Junta en igualdad de fuerzas.
Mañana será un día clave. Se sabrá cuál es el futuro inmediato del concejal cartista, Juan Marcelo Abelardo Caballero Sanabria, de 27 años, quien esperando turno para ir preso a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú.
El caso “Mun-Itá-estafa” pinta complicado y que tendrá estelar cola como la de un cometa.
CONCEJAL
El 25 de febrero se registraron varios allanamientos en Itá, departamento Central, en el marco de una investigación fiscal y policial por denuncias de un empresario brasileño sobre una presunta estafa de 160 millones de guaraníes que involucra al concejal colorado (cartista) Juan Marcelo Abelardo Caballero Sanabria, de 27 años.
CÓMPLICE
Para desarrollar la fechoría, el joven concejal contó con la ayuda de un cómplice Gustavo Avelino Galeano González, con antecedentes de hechos similares en 2016 (estafa y producción de documentos de contenido falso) y, para colmo, con orden de captura pendiente. Este ya fue es declarado en rebeldía y es buscado por la Policía.
VÍCTIMA
El afectado, presentado como víctima del caso, es el empresario brasileño Deusmar Pedroso Silva, dueño de City Park. Este tendría audiovisuales y grabaciones de las negociaciones y acciones que realizó buscando quedarse con la habilitación (concesión exclusiva) para explotar su parque de diversiones en la zona de la laguna durante el periodo de festejos por las fiestas patronales de la ciudad que se celebran
El punto de conflicto, que activó la denuncia y la causa, es que el espacio fue cedido a otro grupo empresarial.
CITIPARK
CitiPark es una empresa dedicada a explotar el usufructo de plazas para instalar sus parques de diversiones. La idea, en este caso, era que la empresa pudiera explotar la famosa Laguna Itá; sin embargo, el día en que el empresario llegó con siete camiones como para ocupar el predio, no se le permitió ingresar a la ciudad.
Como fueron pasando los días y no tenía respuesta, el empresario tuvo que marcharse de urgencia a otra ciudad, para no perder más dinero, ya que tuvo un gasto adicional estimado de unos 60 millones de guaraníes durante la espera para poder instalarse en confianza en de que su negociación y su “inversión” iba a tener un retorno satisfactorio.
FERREMAR
El primer allanamiento, de dos realizado el miércoles pasado, fue en la ferretería “Ferremar”, sobre Curupayty y Presidente Franco del barrio San Blas de Itá, propiedad del concejal investigado. Allí fueron decomisados documentos y se realizó una inspección del local comercial privado donde, supuestamente, se firmó el contrato público (apócrifo) y se hicieron los pagos (en septiembre y noviembre de 2022) para la concesión del parque de diversiones en la zona de laguna, por parte de la Municipalidad de Itá, para su explotación entre enero y febrero de 2023
DETENCIÓN
En la ferretería se registró igualmente, además del allanamiento, la detención del concejal Caballero Sanabria, que a partir de ese momento quedó a disposición del Ministerio Público. Inmediatamente se solicitó su remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, lo que fue aceptado por un juzgado, pero que todavía no se concretó. Mientras tanto, sus abogados ya recusaron a Daisy Sánchez, la fiscal interviniente en la investigación.
MUNICIPIO
El segundo allanamiento fue en la mismísima municipalidad de Itá, a cargo de un intendente liberal y abogado Jorge Luis Dimartino. Además de documentos sobre el caso (resoluciones), la Fiscalía accedió al celular del administrador de la comuna. “Él alega que no tenía conocimiento, pero no podemos confirmar ni descartar nada”, dijo Daysi Sánchez, la fiscal del caso.
GESTIONES
El proceso, según la fiscal, comenzó a través de un contacto a través del cual la víctima (Pedroso Silva) accedió al concejal Caballero. Este, a su vez, le presentó como su secretario a Gustavo Avelino Galeano González, quien era –había sido- un prófugo de la justicia, también por un hecho de estafa y producción de documentos falso.
RESOLUCIÓN
“Teníamos una resolución que supuestamente firmó el concejal (Caballero) y el intendente (Dimartino). Sospechamos que era de contenido falso y nos fuimos a buscar por el número de la resolución y en la Municipalidad salta totalmente otra. Miramos minuciosamente las computadoras y las documentaciones, incautamos para posteriormente realizar una pericia”, relató la fiscal sobre los procedimientos realizados y otros en perspectiva.
GRABACIÓN
La fiscal destacó que el concejal Caballero aparece en un audio pidiendo el dinero. La víctima, ante una sospecha, grabó todos los encuentros con ambas personas, destacó la investigadora. La existencia de conversación entre partes se puede confirmar a través de reproducciones disponibles en redes sociales.
RECLAMOS
El radialista Fidel Oviedo, quien dirige el programa “Ramos generales” de Radio Ñandutí, difunde a través de su cuenta en twitter @OviedoFidel varios audios de una conversación que parece ser un reclamo del empresario (Pedroso Silva) al gestor (Galeano González) por la no obtención de su concesión y el otorgamiento a otra persona.
El presunto Galeano González (identificado como “el Secretario” por el mencionado periodista), en su afán de calmar al empresario, detalla toda una estructura de “apriete” que se desarrolla en torno al tema (de la habilitación para esa concesión) y cita a patrocinador (el Concejal Caballero) que trabaja en coordinación con otras autoridades municipales, incluso otras que no forman parte de la comuna, pero sí del ámbito legislativo.
DUDAS
Detrás de esta exposición del caso, surge una serie de dudas para evitar pensar que uno se encuentra ante una aceitada máquina de producción de dificultades para la venta de facilidades, entre otras, y por citar algunas:
- ¿Por qué el empresario aceptó negociar, firmar y pagar un asunto municipal en un recinto particular?
- ¿Por qué un concejal negocia una habilitación municipal de tipo comercial? ¿Está permitido?
- ¿Por qué se estaría dispuesto a pagar entre G. 160 y G. 180 millones de guaraníes, si lo que queda a la caja municipal solo es un poco más de 30 millones, como dijo Galeano?
- ¿Cuánto ingreso en los últimos cinco años por la habilitación del servicio?
- ¿Por qué, si hay interés en el rubro u otros similares, porque no se licitan habilitaciones/concesiones de ese tipo y la comuna mejora sus ingresos por una posible puja de precios?
SUCESIÓN
Todavía no hay una definición judicial sobre la orientación del caso, pero los concejales de la Junta Municipal, igualados en número entre liberales y colorados, ya hablan de una posible sucesión que dependerá de una de las tres siguientes opciones: (a) decisión del pleno; (b) pedido de permiso; y, (c) renuncia. En caso de sustitución, ocupará el cargo Jessica Pereira, primera suplente de la ANR.
El padre del concejal sindicado por un presunto hecho de corrupción es conocido en la zona y por los medios de prensa ya que siendo también edil enfrentó un proceso judicial por evasión de impuestos que concluyó con uan condena de cuatro años cumplida, en su mayor parte, en la comodidad de su hogar.
FUENTE: www.munipy.com.py con datos del Ministerio Público y los diarios digitales SOS Noticias y AND Digital.
