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Procesan Giuzzio por soborno

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El Ministerio Público imputó al ex ministro del Interior y de la SENAD, ex fiscal y ex parlamentario del Partido Democrático Progresista (PDP) Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, palabra cuyo sinónimo es “soborno”. El caso está relacionado con el alquiler de una camioneta de la empresa del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espindola Marques.

El fiscal Osmar Legal imputación e inmediatamente una comitiva judicial allanó desde tempranas horas de este martes la vivienda del ex secretario de Estado: buscando documentos para sustentar la causa. La hipótesis de la Fiscalía al contaco con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando Giuzzio ejercía el cargo de Ministro del Interior.

“Se infiere que la intención de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien actualmente se encuentra detenido en Brasil por presunta vinculación con el narcotráfico, era la de mantener un relacionamiento directo y cercano con el ministro Giuzzio para posteriormente lograr ser proveedor del Estado”, reza el texto de la imputación.

Presumiblemente, la intención del brasileño era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y consecuentemente a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espindola, según la investigación.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp, que fueron anexadas a la causa, concluyendo que dichas evidencias demuestran que hubo más de un encuentro entre los dos sindicados y que Giuzzio tenía “conocimiento sobre las intenciones” de Espindola.

El ex fiscal, ex senador, ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y ex ministro del Interior manifestó que se le entregó un mandamiento de allanamiento por WhatsApp sobre la búsqueda de pruebas que estén vinculadas al esquema de narcotráfico.

Arnaldo Giuzzio fue destituido a raíz de este caso, que saltó en febrero pasado luego del operativo Turf realizado en Brasil, donde el presunto narcotraficante detenido, Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, era el principal objetivo.

La fiscala Alicia Sapriza, quien también participa de la causa, sostuvo que existen elementos suficientes para sostener la sospecha de la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.  En ese sentido, aclaró que la calificación de la imputación es por la presunta promesa de recibir algún beneficio y que las empresas del presunto narcotraficante realizaron servicios a la Policía y el Ministerio del Interior, por lo que se investiga cómo se pagaron los servicios.

En esa línea también citó que el ex ministro utilizó para vacacionar en Brasil una camioneta de Vinicius Espindola que no se encontraba para alquiler y pertenecía a su esposa, Jussara Cabral, accionista de la Tabacalera del Este (Tabesa) e hija del fallecido César Cabral. La representante del Ministerio Público dijo qué si bien se presentó un formulario y se mencionaba un monto, hasta donde saben el pago nunca se realizó. “No era un vehículo para ser alquilado, era de la esposa”, dijo, conforme a las declaraciones del gerente de la empresa Black Eagle, Blindaje Ombu.

No obstante, en los mensajes se encontraba que Giuzzio reclamaba al brasileño para que pase a cobrar y este le respondió que se estaba equivocando de persona, lo que hace presumir a los investigadores que fue una cortesía. La fiscala indicó que se puede presumir de que había intención de Vinicius de proveer chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y eso también saltó a la luz a través de medios periodísticos, donde se hizo una exhibición de los materiales; posteriormente también se dio una visita de Arnaldo Giuzzio a una de las empresas de Vinicius.

Asimismo, señaló que permite sospechar que, por los servicios brindados, el ex ministro del Interior habría utilizado rubros distintos a los destinados para la financiación de mantenimientos, blindajes y reparación. El ex ministro fue imputado por cohecho pasivo agrado que establece que el funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que se realizará en el futuro y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de hasta cinco años.

FUENTES: Diario Última Hora y redes sociales

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