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Concepción: Obras fantasmas costarán cinco años de cárcel al ex Intendente de Arroyito

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Un Tribunal condenó a cinco años de cárcel a Samuel González Valdez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ex intendente de Arroyito, Concepción, por lesión de confianza y uso de documentación falsa para justificar obras fantasmas que causaron un perjuicio patrimonial a las arcas municipales de 772.600.000 guaraníes de fondos proveniente del Fonacide y de los royaltíes de Itaipú.

PLATA DEL FONACIDE

La sentencia fue dictada el pasado viernes, 18 de marzo por un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García. Se comprobó en juicio oral y público que González ordenó los desembolsos del Fonacide y royalties. El pretexto era destinarlos en escuelas, vía pública y un centro comunitario de Arroyito. Sin embargo, las obras no fueron realizadas.

LESIÓN DE CONFIANZA

“Cada transferencia de dinero con relación a las distintas obras constituyen una nueva conducta que configura el tipo penal de lesión de confianza. Además, para dar la apariencia de legalidad a sus actuaciones, utilizó recibos, contratos, en los que se estampó una firma que no proviene de la persona que aparece como coautor”, expresó la magistrada Yolanda Portillo.

CONTRATOS DIRECTOS

La magistrada enfatizó que se demostró que González Valdez articuló procedimientos de contratación por vía de la excepción, con la intención de cobrar dinero sin obra, sin fundar el empleo de dicho mecanismo, para seleccionar empresas y/o personas que aparecerían como contratistas.

FUNCIONARIOS CÓMPLICES

“Samuel González ordenó los desembolsos de los fondos disimulando su disposición por medio de la realización de órdenes de pago y cheques emitidos al portador, que eran entregados a los mismos funcionarios municipales, quienes se encargaban de cobrarlos y entregar el dinero al acusado”, agregó la jueza.

CONTRUCCIONES FANTASMAS

La Contraloría General de la República (CGR) verificó que las construcciones no habían sido ejecutadas o se realizaron de manera parcial. Para la Fiscalía, el perjuicio patrimonial fue de G. 722.600.000 por adjudicaciones de obras no ejecutadas y que incluso contaban con certificado. Es decir, se certificaba obras supuestamente habilitadas en presencia del Intendente.

FUENTE: Diario Última Hora

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