Un grupo de fiscales, encabezados por Osmar Legal, se constituyó hoy, ésta mañana, en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente “Juan Max Boettner” (INERAM) para investigar denuncias el supuesto mercado negro de medicamentos que se nutre de la ilegal venta de remedios de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS) en el predio y en las inmediaciones del hospital. Los fármacos son utilizados como parte del recetario para enfrentar al COVID-19 o Coronavirus en pacientes enfermos que tienen síntomas de la pandémica enfermedad.
El procedimiento del Ministerio Público se registra mucho dos meses después de que se hicieran públicos casos sobre la venta ilegal –incluso en farmacias privadas- de medicamentos exclusivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para pacientes con COVID-19. Igualmente se argumentó la existencia de una denuncia formal del ente previsional, realizada la semana pasada, en medio de una ola de críticas a la gestión del ente a cargo de Andrés Gubetich.
La investigación, abierta desde hoy, es por el presunto robo de ampollas de atracurio y midazolam que fueron compradas por el Instituto de Previsión Social (IPS). Específicamente, se investiga un lote que habría sido llevado hasta el INERAM, institución que no recibió formalmente el aporte.
Causa innominada
El fiscal dijo que tomó declaraciones testificales y pidió imágenes del circuito cerrado del INERAM para avanzar con la investigación. No obstante, es muy poco lo que se sabe todavía. Mientras tanto, dijo que las denuncias son innominadas y trató de dar a entender que se constituyeron en el sitio, en gran parte, por una intervención de oficio.
El fiscal no implicó a nadie y se limitó a decir que existe un sumario interno en el INERAM en torno a la trazabilidad de los medicamentos. Explicó que el lote denunciado inicialmente -por medios de comunicación-, en realidad, nunca ingresó a la institución de manera formal, según el informe del sistema de control que tiene el hospital. Si pudieron haber sido parte de otros lotes anteriormente recibidos en el marco de un convenio (del IPS) con el Ministerio de Salud, se explicó. Lo que si se afirmó es que llevan la etiqueta con la leyenda de “uso exclusivo de IPS”.
En medio del escenario de referencia, Felipe González, director INERAM, desmintió que ampollas de midazolam del IPS comercializadas en farmacias hayan salido de sus depósitos. Por su parte, el titular del Instituto de Previsión Social, Andrés Gubetich, sostuvo que los medicamentos pudieron salir del propio stock del hospital respiratorio para su venta en farmacias privadas.
El caso Mazacotte
A principios de enero, la familia Mazacotte pasó por un calvario en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) por la falta de un medicamente comercializado como “terleprisina”. El paciente, llamado Germán, estuvo once días en el lugar por Coronavirus. El caso fue relatado por su hija Nilda.
El paciente de COVID-19, Germán Mazacotte, de 70 años, necesitó 14 ampollas del producto y en el hospital financiado por empresas y trabajadores le dijeron que no tenían el fármaco. Por su elevado costo, organizaron rifas para pagarlo.
Una vez obtenido los recursos, una jefa del albergue de IPS, no identificado, sugirió a sus familiares comprarlo de una farmacia llamado “La Merced” donde era más barato. Cuando llegaron los envases, se percataron que tenía la etiqueta con el precio. A una de las hijas se le ocurrió remover la impresión y encontró, debajo, la siguiente leyenda: “Uso exclusivo de IPS”, es decir, las dosis fueron presuntamente robadas de la previsional.
Denunciada la situación al IPS, los hijos de Germán reclaman, desde el 11 de enero pasado, la devolución del dinero invertido en el remedio: 3.500.000 guaraníes por el lote, es decir, a razón de 250.000 guaraníes por unidad. La Gerencia de abastecimiento de la previsional, a cargo de Germán Doria, hasta ahora solo dijo que investigará el caso.
Reacción en IPS
El martes 2 de marzo se desató una lluvia de críticas a través de redes sociales por el uso de una ambulancia de IPS en el distrito de Alberdi, Ñeembucú, para apoyar la campaña del mediático Victor “Churri Vázquez”, ahijado político de la política colorada Lilian Samaniego. No faltaron críticas contra Andrés Gubetich, presidente del ente previsional, también allegado al Clan Samaniego como otros consejeros de la previsional, quien dos días después, el jueves 4 de marzo, organizó una conferencia de prensa para referirse al tema del robo y comercialización de medicamentos del IPS.
Ante la prensa, Gubetich, acompañado por los consejeros de IPS, admitió que recién el miércoles 3 de marzo se enteraron del caso (dos meses después de las denuncias hechas a través de medios escritos) y reconoció la existencia de sustracciones y prometió informes, denuncias e investigaciones. No obstante, se excusó institucionalmente de soluciones concretas alegando la existencia un sistema de control informático anticuado y dio a entender que el robo continuará –del tipo hormiga- continuará porque “es difícil combatirlo”.
También explicó que la escasez de medicamentos se debía, entre otras razones, a que el Instituto no cuenta con mecanismos para la compra directa de medicamentos, por lo que dependen de que los proveedores decidan presentarse a los llamados licitatorios para la provisión de insumos médicos.
Clan Samaniego
Cabe recordar que también el 3 de marzo, dos días antes de la movilización ciudadana en repudio a la corrupción imperante en el país, el médico Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos de IPS, denunció carencias de camas y medicamentos señalando que Lilian Samaniego y Andrés Gubetich, manejan a su antojo los bienes de la previsional y sus recursos humanos.
“Nosotros tenemos un proyecto presentado en el Congreso con el sector de Patria Querida para que cambie la gobernanza del IPS. Esto tiene que despojarse de las tetas del Estado. Lilian Samaniego y Andrés Gubetich se pasan en el Instituto. Lilian vive en el instituto; el vademécum de fármacos, de insumos tiene ella en su casa”, llegó a afirmar el gremialista en conversación con la 1080 AM (Radio Monumental). Por estas expresiones, el consejero Roberto Britez Ferreira, también allegado al Clan Samaniego, pidió la realización de un sumario contra el galeno, argumentando que no se encontraba en su puesto de trabajo.
Bachi vs Lilian
Posteriormente, una vez desatada las movilizaciones ciudadanas, las denuncias contra los Samaniego pasaron a otro nivel con un enfrentamiento entre políticos. Ayer, el diputado Basilio “Bachi” Núñez acusó a través de la prensa la senadora Lilian Samaniego de lucrar en pandemia con recursos del Estado y lamentó las denuncias sindicales de médicos del IPS que la involucran a la parlamentaria en supuestos manejo de licitaciones de la institución.
Núñez, líder del movimiento Honor Colorado en Diputados, fue más allá y tuvo un enfrentamiento con Samaniego a través de Twitter. Por intermedio de dicha red social calificó de corrupta y vividora del poder de turno a la senadora Samaniego, indicando que la colorada es lo más nocivo para la Asociación Nacional Republicana (ANR) y resaltando su misterioso vínculo con la empresa Insumos Médicos (Imedic SA), perteneciente al clan Ferreira, ligada a la compra fallida de los insumos chinos en plena crisis sanitaria por el covid-19, y su intromisión en el IPS.
“Lilian Samaniego, no tenés nada para denunciarme, vos lucrás en pandemia y fuera de ella, sos lo más nocivo para el partido, usaste combustibles, peluquería y planilleros en el Partido Colorado, o qué relación tenés con la empresa Imedic. Denunciame, no te tengo miedo, sos una corrupta”, escribió Núñez en su cuenta.
Samaniego, a su vez, respondió diciendo que las acusaciones eran sobre asuntos ya aclarados y que el ataque de Núñez en su contra “muestra que están preocupados por su propia situación”. El enfrentamiento, además de revelar distanciamientos entre movimientos, sirvió a los internautas para exigir denuncias concretas y mofarse de la situación.
Fuentes: Diarios La Nación, Abc y Última Hora
